– Disponer de la mayor gama de servicios certificados con la responsabilidad y eficiencia de un proveedor único.
– Beneficiarse de nuestros servicios realizados por personas con formación específica y con una buena relación calidad-precio.
– Facilitar el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (antigua LISMI). Esta Ley establece, para las empresas, públicas y privadas, que tienen más de 50 empleados, la obligación de contratar a personas con discapacidad, de modo que en su plantilla haya un mínimo del 2% de trabajadores con algún tipo de discapacidad reconocida legalmente. Dicho cumplimiento se puede hacer con unas medidas alternativas que establece el Real Decreto 364/2005, a través de:
· Compra de bienes y servicios a un Centro Especial de Empleo, como lo es Serlingo Social
· Contratación de un trabajador autónomo con discapacidad
· Donación o acción de patrocinio a favor de una entidad, cuyo objeto social sea la formación profesional o inserción laboral y la creación de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad.
· Creación de un enclave laboral
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