– Disponer de la mayor gama de servicios certificados con la responsabilidad y eficiencia de un proveedor único.

– Beneficiarse de nuestros servicios realizados por personas con formación específica y con una buena relación calidad-precio.

– Facilitar el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (antigua LISMI).  Esta Ley establece, para las empresas, públicas y privadas,  que tienen más de 50 empleados, la obligación de contratar a personas con discapacidad, de modo que en su plantilla haya un mínimo del 2% de trabajadores con algún tipo de discapacidad reconocida legalmente. Dicho cumplimiento se puede hacer con unas medidas alternativas que establece el Real Decreto 364/2005, a través de:

· Compra de bienes y servicios a un Centro Especial de Empleo, como lo es Serlingo Social

· Contratación de un trabajador autónomo con discapacidad

· Donación o acción de patrocinio a favor de una entidad, cuyo objeto social sea la formación profesional o inserción laboral y la creación de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad.

· Creación de un enclave laboral